La emergencia alimentaria ha dado lugar a una demostración de sensibilidad por parte del gobierno de Alberto Fernández. Pocos temas pueden considerarse más urgentes que garantizar el acceso a la comida para todos los miembros de una sociedad. Con la celeridad deseada se puso en marcha la “tarjeta alimentaria”.
La premura del caso ha impedido consultar a las organizaciones populares sobre la mejor manera de abordar el problema. Cientos de comedores populares y miles de referentes municipales y barriales que han sostenido en estos años de saqueo acciones orientadas a paliar el hambre no han podido ser escuchados.
Esta sabiduría acumulada ha sido reemplazada por listados del ANSES que presentan inmensos defectos a la hora de detectar la pobreza de los argentinos, posiblemente porque no es ese el fin de ese organismo y a su vez porque en los últimos cuatro años se han utilizado las más diversas excusas para eliminar beneficiarios de sus registros.
Así es como muchas personas pobres de Concordia, para mencionar el lugar insignia en el tema de pobreza, ya se acercaron a preguntar por qué ellos no recibirán la tarjeta de referencia.
Esto nos pone ante una disyuntiva que sólo el paso del tiempo podrá develar: o estamos ante una medida que apunta a generar el tiempo necesario para armar una política real para atender la emergencia alimentaria, o una vez más las decisiones desde un Estado centralizado reemplazarán la energía y el aporte popular para resolver los problemas de la sociedad.
El problema excede en mucho el papel de un ministerio o de un ministro, quienes se abocan a paliar la tremenda situación social existente con sus mejores recursos y conocimientos. Lo que se pone una vez más en juego es si existen soluciones eficaces al margen de la participación popular.
Esta es una larga historia: desde los 80 y los 90 del siglo pasado en América Latina crecieron a la par el desempleo, la pobreza y las políticas sociales “modernas”. Esas políticas sociales han sido propuestas y sostenidas por los principales organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros.
Su papel rector en esta materia se introdujo a partir de la financiación que estos organismos realizaban de las políticas sociales en nuestros países. Pero no sólo llegó financiamiento, sino también ideas: de hecho, estos mismos organismos financiaron las investigaciones en las universidades públicas y privadas sobre el tema de “la pobreza”. Así nacieron el “marco lógico”, la categoría de “intervención social” que aún se estudia con ahínco en nuestras facultades de Trabajo Social o el concepto de “discriminación positiva” como la manera en que todos puedan llegar a disfrutar las ventajas del perfecto sistema de mercado que nos cobija.
La expresión operativa de esta serie de ideas se concentra en “el requisito”. El requisito elimina la necesidad de la preocupación solidaria y hace superfluo el conocimiento que cada comunidad tiene sobre sus problemas. ¿Cumple el requisito? Accede al beneficio. ¿No lo cumple? Queda afuera. Y a esta manera de enfocar los problemas sociales se lo llama pomposamente “equidad en el acceso”.
Hubo en la Argentina de la emergencia un plan de ingresos que contenía algunos aspectos que quedaban fuera de este paradigma: fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. En los considerandos del mismo se indicaba que cada familia argentina tenía derecho a un ingreso mínimo y se implementaba a partir de consejos económico-sociales locales. El Banco Mundial, pasada la emergencia, financió rápidamente el desarmado de ese peligroso programa para reemplazarlo por el efímero y ya desaparecido Seguro de Capacitación y Empleo.
Los gobiernos populares en América Latina no han logrado aún generar un paradigma de políticas sociales distinto a este modelo hegemónico, con el agravante que hoy ya lo financiamos con nuestro propio dinero.
Si queremos ser mejores de lo que fuimos, este es uno de los debates impostergables.
Enero, 2020